El reciente anuncio de la disolución del INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el cambio de estatus del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que ya no tendrá autarquía, representa una profunda alteración en la estructura institucional del agro argentino. Ambas decisiones, impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de una fuerte reestructuración estatal, implican también una derrota política para la Mesa de Enlace y los sectores productivos que tradicionalmente participaron en la conducción de estos organismos.
Hasta ahora, los productores agropecuarios tenían representación formal dentro de las conducciones del INTA e INASE, lo que garantizaba cierto grado de participación en decisiones técnicas y estratégicas. Con estas modificaciones, esa presencia se diluye y, en algunos casos, desaparece, dejando en manos del Ejecutivo un control directo y sin contrapesos sobre áreas claves para la innovación tecnológica y el control de semillas.
El caso del INASE es especialmente sensible. El organismo tenía la misión de garantizar la legalidad del comercio de semillas, certificando variedades y resguardando los derechos de obtentores y productores. Su eliminación deja un vacío institucional en un sector donde la transparencia y la trazabilidad son fundamentales. La Mesa de Enlace, que había exigido fortalecer al INASE para controlar de forma efectiva el mercado y proteger el uso propio de semillas, ve ahora cómo se elimina directamente el organismo que debía cumplir esa función.
En el caso del INTA, el cambio más profundo es el paso de instituto descentralizado a organismo dependiente de la Secretaría de Bioeconomía. La pérdida de autarquía compromete su independencia presupuestaria y técnica, y abre interrogantes sobre su futuro rol como referente científico del agro. Además, se disuelve su Consejo Directivo, compuesto por representantes de entidades técnicas, académicas y del sector productivo. Esta medida, lejos de modernizar, recorta la gobernanza plural que caracterizó históricamente al INTA.
La justificación oficial de estas reformas es la necesidad de reducir el gasto público y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Sin embargo, desde el ámbito agropecuario se señala que estas decisiones tienen un impacto negativo directo sobre la institucionalidad del sector. Para muchas entidades, no se trata de ajustar estructuras ineficientes, sino de debilitar los espacios de participación de los actores productivos, trasladando decisiones clave a una administración centralizada.
El contexto político en el que se dan estas medidas también merece atención. La Mesa de Enlace había respaldado la política agropecuaria del actual gobierno, incluso con expectativas favorables respecto de la desregulación y reducción de retenciones. Pero en este caso, el resultado es la pérdida de injerencia en áreas clave, sin que medien consultas ni procesos participativos. La tensión entre las promesas de libertad económica y el avance centralizado sobre instituciones técnicas revela una contradicción profunda.
En definitiva, la eliminación del INASE y la degradación del INTA no solo son retrocesos administrativos, sino simbólicos. Se desmantelan herramientas del Estado que no solo servían para ordenar y fiscalizar, sino también para articular con el sector privado un desarrollo sostenible del agro argentino. Y lo más grave: se lo hace sin diálogo, sin consensos y en detrimento del federalismo institucional que tantos años costó construir.
Fuente: “Con la disolución del INASE y la degradación del INTA se confirmó una gran derrota para la Mesa de Enlace”, Bichos de Campo, 17 de julio de 2025. Disponible en: https://bichosdecampo.com
Fecha: 18/07/2025
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